-En qué momento de tu carrera sentiste que tenías que convertirte en una “militante antirrepresiva”?
-En Córdoba, donde son muy sabios, dicen “serás lo que debas ser o serás abogado”. Mi definición por estudiar derecho no tiene nada que ver con la cuestión militante. Si hubiese estudiando veterinaria probablemente hubiese terminado por integrarme a Correpi de todas maneras. A la salida de la dictadura advirtió con un grupo de compañeros que un hilo ataba a varios hechos en comisarías. Pibes fusilados por la policía, donde siempre se oía el mismo cuento. “Los titulares de los diarios publicaban: ‘Joven delincuente de frondoso prontuario abatido por la fuerza del orden’. Pero no era complejo darse cuenta de las incompatibilidades del hecho: que el pibe, por su edad, no podía tener un prontuario, que en un enfrentamiento las balas entraban por la espalda o la nuca. O también, que un chico se suicidó por depresión, una hora y cuarto después de haber sido detenido. Hay hechos de ‘aparentes casualidades’ con un punto en común en cuanto al encubrimiento tanto en el ámbito judicial como policial. En todos los casos, la característica sistemática era: una víctima joven perteneciente a una barriada pobre, y el ejecutor era un funcionario policial. Indudablemente estamos hablando de una política del Estado con violación de los derechos humanos. Comenzamos a golpear la puertas de los ocho organismos de derechos humanos que existían entonces. Nos respondieron que estábamos locos, que era un tema entre policías y ladrones”.
-¿La represión no terminó con la última dictadura?
-El crimen de Estado no se define por la característica de la víctima sino del victimario. Es el victimario el que decide de acuerdo con las necesidades de su etapa a quién reprimir en cada momento. Ocurrió con organizaciones revolucionarias y una clase obrera combativa en pie. Pero terminada la tarea de limpieza durante la dictadura, con un terrorismo de Estado explícito, se produce el recambio del general borracho por el demócrata que recita el Preámbulo. Lo que había que hacer es lo que te dice tu mamá cuando te termina de ordenar el cuarto: “Bueno, ahora mantenelo”. Ese “mantenelo” nosotros lo denominamos represión preventiva.
-¿Qué podría hacerse para intentar erradicar estos casos de abuso de poder policial?
-Nosotros no les proponemos absolutamente nada a los gobiernos porque no serviría para nada. Todo el conjunto de políticas de represión del Estado es una necesidad fundante para cualquier gobierno que administra un Estado dividido en clases. Lo que varía de un gobierno a otro es la forma, la modalidad, el matiz, el discurso y la imagen con la que se presenta a la sociedad. Por ejemplo, Carlos Ruckauf decía con absoluta soltura que hay que meter balazos y abiertamente reivindicar el gatillo fácil dando 500 dólares en efectivo bajo el nombre de incentivo a cada policía que traiga un par de orejas de negro. Nosotros hablamos con los datos en la mano. Con el gobierno actual, los índices de 10 o 12 muertes de gatillo fácil o tortura por mes se convirtieron en un muerto por día.
Cambios sin cambios. Por los casos que defiende Correpi, Verdú dice que corren riesgos. “Tenemos el récord de acciones urgentes promovidas de oficio sin que nosotros se lo pidiéramos por Amnistía Internacional.”
-¿Cuántos casos tienen registrados actualmente?
-De muertes por gatillo fácil, tortura u otras modalidades en total estamos en 3.152 desde diciembre de 1983 a la fecha, pero más de la mitad ocurrieron después de 2003. El promedio es entre 200 y 300 casos por año. De 2010 tenemos casi 300. Sentarse a negociar los términos de la represión con el represor no tiene ningún efecto positivo excepto para el represor que reprime con más consenso. El crimen organizado en la Argentina es dirigido, protagonizado y administrado por el aparato represivo oficial. Carmen Argibay (ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) dijo que son ellos los que reclutan y gerencian el crimen del chiquitaje.
-Hubo varios cambios en la educación policial. ¿Creés que podría mejorar en algo ese panorama?
-Si la educación tuviera que ver, en algún momento en estos últimos 30 años, con la cantidad de modificaciones que se han hecho (purga, descentralizaciones, intervención civil, cambios de planes de estudio) habría algún resultado. Sin embargo el gatillo fácil continúa. En los próximos dos meses tendremos en Provincia dos causas por fusilamiento por gatillo fácil. En uno de ellos no sólo es un policía de la bonaerense de excelente legajo sino que además es instructor del Grupo Halcón. En la mayoría de hechos de gatillos fácil no participa el policía “bruto”.
-¿La impunidad es sólo de los policías o también del sistema judicial que los avala?
-El otro elemento lo dan los jueces. Cuando hay un pibe detenido y esposado, con el policía apoyándole la pierna sobre la espalda. Ese pibe muere con un disparo a 5 centímetros de distancia, llegan tres jueces del Tribunal Oral de Morón, dicen que fue un accidente y lo condenan por homicidio culposo. El policía se va caminando con tres años en suspenso. Por eso hay juicios que dependen más de la movilización y la denuncia pública que del trabajo técnico. Los jueces no quieren usar la palabra tortura porque implica la responsabilidad del Estado. Los legisladores ponen tortura con unas penas gravísimas y a continuación los jueces te inventan “una torturita” que son apremios, vejaciones, malos tratos. ¿Cuál es la diferencia? Unos te dicen la intensidad y ¿cómo se mide la intensidad? Entonces te contestan que por la gravedad de dolor. ¿Tenés el “dolorómetro”? Siete pibes detenidos en la comisaría primera de San Martín cagados a palos todos. A dos de ellos además les dieron “bolsitas”, submarino seco (un tipo de tortura). Uno de ellos, muy fibroso, logró romper la bolsa que tenía en la cabeza. Se la sacaron y le siguieron pegando. En el juicio teníamos de prueba esa bolsa que logramos secuestrar con el ADN del pibe adentro. Los jueces dijeron que “le dieron bolsita una sola vez”, que eso no alcanza para ser tortura, es apremio. ¿Una no alcanza o tienen que ser 47? ¿Cómo podes medir una descarga eléctrica? Es un planteo absurdo.
-¿Con elementos tan contundentes para condenar ocurre un fallo favorable al acusado?
-Por ejemplo, el caso Gallardo. El chico fue asesinado a golpes en la comisaría 3a de Avellaneda. La autopsia corroboró 57 golpes por un elemento cilíndrico, con cuatro fracturas de cráneo, estallido de esófago y estómago. Murió después de 15 horas de agonizar tirado en un pasillo. Ahí la intensidad del sufrimiento no está en discusión. No lo condenaron por tortura, sino por homicidio calificado. Otro caso: Chaco González. Lo cagan a palos en la calle y lo dejan de golpear cuando se juntan los vecinos. Ya fuera del lugar, un policía lo levanta de las esposas y el otro le pega: murió por el desgarro de los órganos internos. La condena fue por homicidio preterintencional en concurso con vejaciones. El argumento para decir que no fue tortura fue que ocurrió en la vía pública.
-Digamos que se intenta por todos los medios no condenar por tortura. ¿Por qué?
-Para decir que fue tortura los jueces argumentan que tiene que ser en un centro clandestino como ocurrió en la dictadura. En Moreno, un integrante del Grupo Halcón fusiló por la espalda a un pibito de 17 años. Condenado a 12 años, llegó al juicio en libertad. Vino al debate con un bronceado impecable porque estuvo trabajando en Cariló. Fue condenado como autor penalmente responsable del homicidio, pero atento a su buen concepto de superioridad lo dejaron en libertad. En la misma fiscalía defendí el caso de un tipo que estaba acusado por robo. Está preso hace 4 años esperando un juicio y no le tocó un pelo a nadie. ¿Cuál es la diferencia entre mi cliente y el uniformado? Que uno es policía. (Fuente: Revista El Federal)
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