Cambiemos logró un ajustado
dictamen a favor del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27 de
2018 con que el presidente Mauricio Macri anula 19 leyes y modifica
sustancialmente otras 140. A cambio ofreció a la “oposición dialoguista”
la promesa de presentar en la Cámara de Diputados un paquete de tres
leyes que validarían el DNU presidencial sin precisiones ni alcances. El
convite no convenció a la oposición: los tres senadores, un diputado
del Bloque Justicialista y el interbloque Argentina Federal
–referenciado en los gobernadores peronistas– firmaron junto a una
senadora salteña un dictamen de rechazo al mega DNU presidencial, al que
se podrían sumar los 3 legisladores del Frente para la Victoria-PJ en
las próximas 24 horas si deciden no presentar uno propio. La mayoría de
la oposición reclama la suspensión del DNU que habilita, entre muchas
otras cuestiones, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de
la Anses realice inversiones financieras y el embargo de la cuenta
sueldo de los trabajadores por sus acreedores. La oposición apuesta a
rechazar el DNU en ambas Cámaras del Congreso ni bien arranquen las
sesiones ordinarias del Parlamento. No quiere que la vigencia del DNU
genere jurisprudencia y perjudique de manera irreversible a los sectores
más vulnerables de la sociedad.
Conscientes de los que estaba en juego, hubo asistencia perfecta de los integrantes de la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. El oficialismo tenía la certeza de contar con el número para blindar la bicameral de cualquier sorpresa que trabe el anhelo presidencial de avanzar en sus reformas a través de decretos y sorteando el Congreso. Cambiemos tiene la mitad de los asientos en la comisión pero también tenía asegurada la presidencia rotativa de la bicameral, con cuyo voto desempata –como ayer– cualquier disputa reñida.
Y así fue. El senador radical formoseño Luis Naidenoff, fue elegido presidente y enseguida desempolvó la estrategia oficialista: propuso dejar de lado el tratamiento de otros 4 DNU que están en la agenda de la comisión y planteó abocarse al mega decreto 27/18, el más polémico de todos. Al mismo tiempo, prometió (con el objetivo de sumar a la oposición dialoguista) que el Gobierno enviaría tres proyectos de ley que en “un debate amplio” ratificarían el DNU y hasta buscó tentar a la opositores amigables con abrir la puerta a posibles modificaciones. Después de algunos cruces previos, donde el kirchnerismo reclamó la participación de especialistas que opinen sobre la validez de un decreto que tiene 22 capítulos, anula 19 leyes y modifica otras 140, el oficialismo realizó su defensa: El diputado macrista Pablo Tonelli fue el encargado de esa tarea. Sostuvo que el debate de la bicameral se debía “ceñir” a la validez o no del DNU, defendió la “necesidad y la urgencia” y el cumplimiento de los pasos protocolares como la firma de todos los ministros del Gabinete y su envío al Congreso. Luego, repasó la historia de la bicameral creada tras la reforma constitucional del ‘94, puesta en vigencia en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Afirmó que debía aplicarse la “doctrina” por la que se regía la comisión, que el macrismo rechazaba cuando era oposición y por la que recurrió a la justicia.
La senadora kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti afirmó que la “sorprendió el contorsionismo político” de Tonelli para justificar la postura del oficialismo. En una extensa exposición, Fernández Sagasti tildó de “espejitos de colores” la promesa oficialista de enviar 3 proyectos de ley, mientras la vigencia del DNU “inconstitucional y que atropella los fueros del Congreso tiene efectos jurídicos” y “el FGS pasar a una cuenta offshore en manos de un experto como (el ministro de Finanzas, Luis) Caputo en paraísos fiscales”.
El resto de los opositores se sumaron a los cuestionamientos. El diputado Pablo Kosiner, presidente del BJ y el interbloque AF, celebró la decisión oficialista de enviar proyectos para ratificar el decreto, al mismo tiempo que cuestionó la propuesta que “demuestra que el DNU no era necesario ni urgente”. Luego puso en duda la proclama oficialista de “consenso”, al recordar que la ley Pyme que lograron consensuar con Cambiemos fue modificada por otro decreto presidencial.
A los reclamos de Kosiner se sumaron luego los senadores del bloque justicialisa (que conduce Miguel Pichetto) María Teresa González, Daniel Lovera y Guillermo Snopek. Y hasta la senadora Cristina Fiore, elegida como secretaria de la bicameral y alineada con el gobernador Juan Manuel Urtubey, se pronunció en contra del mega DNU: “Me parece un exceso”, dijo.
“El anuncio de que van a presentar tres proyectos de ley es un chantaje: una vez que tengan dictamen, nunca más van a tratar en las cámaras la aceptación o el rechazo de este decreto. Es una trampa: es necesario que se rechace de manera urgente este DNU”, se sumó al diputada Romina Del Pla (FIT-PO), que asoció el mega decreto con la continuidad de la reforma laboral y el ajuste contra los trabajadores que el Gobierno aplica en distintas dosis en cada uno de sus decretos y leyes. Por el rechazo en ambas Cámaras legislativas, también se pronunció Nicolás Del Caño (FIT-PTS) que quiso dejar expuesta su postura en la Bicameral aunque no la integra.
“El fondo de la cuestión acá es el FGS de la Anses y creemos que se debería ir para atrás con este DNU”, dijo Máximo Kirchner. “Para creer que hay realmente buena voluntad en estas tres leyes que van a enviar y que quieren que sean los legisladores elegidos por la gente los que decidan esto, creo que sería muy bueno que este DNU no avance. Incluso pueden llamar la semana que viene a una sesión extraordinaria porque estamos acá. No hay ningún tipo de problema para debatir”, agregó el diputado del FpV-PJ, quien recordó que hasta ahora todas las medidas del gobierno han perjudicado a los jubilados.
Los cierres estuvieron en manos del diputado Marcos Cleri (FpV-PJ), vicepresidente de la bicameral y el diputado radical Luis Petri, quien recurrió al discurso oficial de cargar las culpas sobre el kirchnerismo para defender a rajatabla el mega decreto presidencial.
Antes de terminar el debate ya estaba todo definido: Naidenoff, Tonelli, Petri, los senadores Silvia Giacoppo y Pedro Braillard Poccard, y los diputados Fernando Iglesias, Ezequiel Fernández Langan y Martín Hernández, todos de Cambiemos, firmaron el dictamen de mayoría.
Del otro lado, los legisladores del BJ, Kosiner y los senadores González, Lovera firmaron el dictamen de rechazo al que se sumó Fiore. Los kirchhneristas Fernández Sagasti, Cleri y Máximo Kirchner se tomaron las 24 horas que fijó la comisión para definir si redactan su propio dictamen de rechazo. De todas maneras su apuesta es acordar con las bancadas opositoras el rechazo en ambas Cámaras del Congreso.
Conscientes de los que estaba en juego, hubo asistencia perfecta de los integrantes de la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. El oficialismo tenía la certeza de contar con el número para blindar la bicameral de cualquier sorpresa que trabe el anhelo presidencial de avanzar en sus reformas a través de decretos y sorteando el Congreso. Cambiemos tiene la mitad de los asientos en la comisión pero también tenía asegurada la presidencia rotativa de la bicameral, con cuyo voto desempata –como ayer– cualquier disputa reñida.
Y así fue. El senador radical formoseño Luis Naidenoff, fue elegido presidente y enseguida desempolvó la estrategia oficialista: propuso dejar de lado el tratamiento de otros 4 DNU que están en la agenda de la comisión y planteó abocarse al mega decreto 27/18, el más polémico de todos. Al mismo tiempo, prometió (con el objetivo de sumar a la oposición dialoguista) que el Gobierno enviaría tres proyectos de ley que en “un debate amplio” ratificarían el DNU y hasta buscó tentar a la opositores amigables con abrir la puerta a posibles modificaciones. Después de algunos cruces previos, donde el kirchnerismo reclamó la participación de especialistas que opinen sobre la validez de un decreto que tiene 22 capítulos, anula 19 leyes y modifica otras 140, el oficialismo realizó su defensa: El diputado macrista Pablo Tonelli fue el encargado de esa tarea. Sostuvo que el debate de la bicameral se debía “ceñir” a la validez o no del DNU, defendió la “necesidad y la urgencia” y el cumplimiento de los pasos protocolares como la firma de todos los ministros del Gabinete y su envío al Congreso. Luego, repasó la historia de la bicameral creada tras la reforma constitucional del ‘94, puesta en vigencia en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Afirmó que debía aplicarse la “doctrina” por la que se regía la comisión, que el macrismo rechazaba cuando era oposición y por la que recurrió a la justicia.
La senadora kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti afirmó que la “sorprendió el contorsionismo político” de Tonelli para justificar la postura del oficialismo. En una extensa exposición, Fernández Sagasti tildó de “espejitos de colores” la promesa oficialista de enviar 3 proyectos de ley, mientras la vigencia del DNU “inconstitucional y que atropella los fueros del Congreso tiene efectos jurídicos” y “el FGS pasar a una cuenta offshore en manos de un experto como (el ministro de Finanzas, Luis) Caputo en paraísos fiscales”.
El resto de los opositores se sumaron a los cuestionamientos. El diputado Pablo Kosiner, presidente del BJ y el interbloque AF, celebró la decisión oficialista de enviar proyectos para ratificar el decreto, al mismo tiempo que cuestionó la propuesta que “demuestra que el DNU no era necesario ni urgente”. Luego puso en duda la proclama oficialista de “consenso”, al recordar que la ley Pyme que lograron consensuar con Cambiemos fue modificada por otro decreto presidencial.
A los reclamos de Kosiner se sumaron luego los senadores del bloque justicialisa (que conduce Miguel Pichetto) María Teresa González, Daniel Lovera y Guillermo Snopek. Y hasta la senadora Cristina Fiore, elegida como secretaria de la bicameral y alineada con el gobernador Juan Manuel Urtubey, se pronunció en contra del mega DNU: “Me parece un exceso”, dijo.
“El anuncio de que van a presentar tres proyectos de ley es un chantaje: una vez que tengan dictamen, nunca más van a tratar en las cámaras la aceptación o el rechazo de este decreto. Es una trampa: es necesario que se rechace de manera urgente este DNU”, se sumó al diputada Romina Del Pla (FIT-PO), que asoció el mega decreto con la continuidad de la reforma laboral y el ajuste contra los trabajadores que el Gobierno aplica en distintas dosis en cada uno de sus decretos y leyes. Por el rechazo en ambas Cámaras legislativas, también se pronunció Nicolás Del Caño (FIT-PTS) que quiso dejar expuesta su postura en la Bicameral aunque no la integra.
“El fondo de la cuestión acá es el FGS de la Anses y creemos que se debería ir para atrás con este DNU”, dijo Máximo Kirchner. “Para creer que hay realmente buena voluntad en estas tres leyes que van a enviar y que quieren que sean los legisladores elegidos por la gente los que decidan esto, creo que sería muy bueno que este DNU no avance. Incluso pueden llamar la semana que viene a una sesión extraordinaria porque estamos acá. No hay ningún tipo de problema para debatir”, agregó el diputado del FpV-PJ, quien recordó que hasta ahora todas las medidas del gobierno han perjudicado a los jubilados.
Los cierres estuvieron en manos del diputado Marcos Cleri (FpV-PJ), vicepresidente de la bicameral y el diputado radical Luis Petri, quien recurrió al discurso oficial de cargar las culpas sobre el kirchnerismo para defender a rajatabla el mega decreto presidencial.
Antes de terminar el debate ya estaba todo definido: Naidenoff, Tonelli, Petri, los senadores Silvia Giacoppo y Pedro Braillard Poccard, y los diputados Fernando Iglesias, Ezequiel Fernández Langan y Martín Hernández, todos de Cambiemos, firmaron el dictamen de mayoría.
Del otro lado, los legisladores del BJ, Kosiner y los senadores González, Lovera firmaron el dictamen de rechazo al que se sumó Fiore. Los kirchhneristas Fernández Sagasti, Cleri y Máximo Kirchner se tomaron las 24 horas que fijó la comisión para definir si redactan su propio dictamen de rechazo. De todas maneras su apuesta es acordar con las bancadas opositoras el rechazo en ambas Cámaras del Congreso.
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