Esta es la última semana de negociaciones paritarias antes del inicio de las clases, y en la mayoría de las provincias –así como también en la Ciudad de Buenos Aires–, no hay prácticamente chances de que se llegue a acuerdos. Los gobernadores mantienen en sus ofertas salariales el techo que la Casa Rosada fijó para los sueldos estatales: el 15 por ciento en cuotas y sin cláusula gatillo. Los gremios se encuentran así frente a propuestas que no pueden aceptar; en algunos casos incluso todavía no han tenido siquiera la primera reunión. “La situación es la más compleja de los últimos años”, definió anoche, la titular de la Ctera, Sonia Alesso. “Hay una presión muy fuerte para que se firmen paritarias a la baja. Por este camino, el Gobierno empuja a los maestros al no inicio de las clases”.
Alesso habló de un doble filo en el criterio con que el Gobierno –y las provincias, que lo aplican de manera refleja– está planteando las paritarias docentes. Un borde del cuchillo apunta a reducir los sueldos de los maestros y, al mismo tiempo, se cierran aulas públicas e institutos de formación docente. Las escuelas del Delta, rurales y nocturnas que la gobernación de Buenos Aires pretende cerrar ilustran el cuadro. “El año pasado tuvimos la disolución de los institutos de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires y el cierre de institutos de formación en Jujuy. Es decir que el panorama es negro no solamente en cuanto a la pauta salarial, sino a la situación educativa. Cuando nosotros advertíamos sobre los ajustes en el presupuesto educativo, nos decían que exagerábamos. ¿Qué va a decir ahora el Gobierno? No sólo están cerrando paritarias, sino que también están cerrando escuelas. Esto demuestra claramente que el objetivo no era eliminar la paritaria nacional docente en su sentido de mesa de discusión salarial, sino que lo que se venía era un ajuste en la educación, que el Gobierno sabía que la Ctera no iba a avalar. El Estado nacional es responsable de garantizar educación de calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes”.
En la Ciudad de Buenos Aires, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció a los maestros un 12 por ciento de aumento, pagadero en tres tramos, es decir por debajo del techo oficial, en el distrito del país con más recursos. De aceptarlo, los maestros recibirían para todo el año una recomposición de 1800 pesos: sumarían a sus sueldos 900 pesos en marzo, otros 450 en agosto y, finalmente, otros 450 en octubre.
La cláusula gatillo del acuerdo 2017 obliga al gobierno porteño a actualizar los salarios. Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación, gremio mayoritario del distrito, explicó que la recomposición deberá ser del 4,2 por ciento. La cláusula obliga a la Ciudad a pagarlo, a diferencia de la fórmula firmada en 2016, que sólo hablaba de un “compromiso” de reabrir las negociaciones, que CABA incumplió. En su planteo para 2018, la Ciudad directamente no ha incluido esta garantía de una compensación automática para el caso de que el costo de la vida supere el acuerdo paritario.
Quedan sólo tres días para alcanzar un acuerdo antes del comienzo de las clases en Capital, lo que es decir que hay un conflicto en puertas. La UTE, junto a estatales, judiciales, y trabajadores del subte –todos con sueldos que dependen directa o indirectamente del Estado– preparan una protesta conjunta para el miércoles, que será, seguramente, la antesala de otras medidas.
En la provincia de Buenos Aires la paritaria quedó estancada con la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de plantarse en el 15 por ciento, sin cláusula gatillo. Las reuniones que se hicieron hasta ahora tuvieron poco de negociación: los funcionarios adelantaron que la provincia pagará un premio a los docentes que en 2017 no hicieron paro, y que dará una suma por presentismo a los que no paren ni falten a lo largo de este año. Más que negociación, las reuniones que se realizaron hasta ahora han sido el ámbito en el que la gobernación escenificó su voluntad de disciplinar a los docentes.
En el resto de las provincias, con Misiones como única salvedad, la situación marcha igual o está más complicada. Hay un grupo de gobernadores que ni siquiera han empezado la paritaria, porque convocaron a la primera reunión para hoy o mañana. En este paquete están, por ejemplo, Santa Fe y Neuquén.
En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales batió todos los récords y ofertó un 5 por ciento. Ya hubo dos encuentros paritarios, en los que los funcionarios mantuvieron el mismo porcentaje y “mejoraron” la propuesta agregándole una suma fija (que se pagaría por única vez y no pasaría a formar parte del sueldo) que va de 100 pesos –para un maestro que recién se inicia– a mil en el caso de un supervisor. Los docentes de nivel medio y superior de la provincias ya anunciaron un paro de 48 horas.
Mendoza es una de las contadas provincias donde podría haber un comienzo de las clases a término. La oferta fue del 15,7 por ciento en tres cuotas. Los docentes la rechazaron. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) adelantó que va a hacer una contrapropuesta consistente en sumar 7,6 puntos de recomposición salarial por lo perdido en 2017 y una cláusula de aumento automático, mes a mes, de acuerdo a la inflación. El gobernador Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos) advirtió que, si su propuesta es rechazada, la formalizará por decreto. El comienzo de las clases tiene poco que ver con la negociación: en Mendoza fue impuesto el ítem aula, un sistema de descuentos por inasistencias que redujo de facto y drásticamente el acatamiento a los paros.
Misiones es la única provincia que cerró su paritaria, aunque con un acuerdo a la baja. Los gremios de mayor peso –UDPM y Sidepp– aceptaron un 15,5 por ciento con una reducción en los aportes jubilatorios. Para financiar el aumento, se desfinanciará la caja jubilatoria. Sadop, AMET y UDA no firmaron.
La Ctera está preparando un relevamiento que dará a conocer mañana, una vez que los gobernadores que convocaron a la primera reunión esta semana hayan hecho conocer a los docentes sus propuestas salariales. En síntesis, a días del comienzo de las clases hay provincias que todavía no empezaron la paritaria; las que ya hicieron reuniones ofrecieron poco y en cuotas. Se manejan con el tope del 15 por ciento, por lo que con la única excepción de Misiones, en todos los casos fueron rechazadas.
Alesso habló de un doble filo en el criterio con que el Gobierno –y las provincias, que lo aplican de manera refleja– está planteando las paritarias docentes. Un borde del cuchillo apunta a reducir los sueldos de los maestros y, al mismo tiempo, se cierran aulas públicas e institutos de formación docente. Las escuelas del Delta, rurales y nocturnas que la gobernación de Buenos Aires pretende cerrar ilustran el cuadro. “El año pasado tuvimos la disolución de los institutos de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires y el cierre de institutos de formación en Jujuy. Es decir que el panorama es negro no solamente en cuanto a la pauta salarial, sino a la situación educativa. Cuando nosotros advertíamos sobre los ajustes en el presupuesto educativo, nos decían que exagerábamos. ¿Qué va a decir ahora el Gobierno? No sólo están cerrando paritarias, sino que también están cerrando escuelas. Esto demuestra claramente que el objetivo no era eliminar la paritaria nacional docente en su sentido de mesa de discusión salarial, sino que lo que se venía era un ajuste en la educación, que el Gobierno sabía que la Ctera no iba a avalar. El Estado nacional es responsable de garantizar educación de calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes”.
En la Ciudad de Buenos Aires, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció a los maestros un 12 por ciento de aumento, pagadero en tres tramos, es decir por debajo del techo oficial, en el distrito del país con más recursos. De aceptarlo, los maestros recibirían para todo el año una recomposición de 1800 pesos: sumarían a sus sueldos 900 pesos en marzo, otros 450 en agosto y, finalmente, otros 450 en octubre.
La cláusula gatillo del acuerdo 2017 obliga al gobierno porteño a actualizar los salarios. Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación, gremio mayoritario del distrito, explicó que la recomposición deberá ser del 4,2 por ciento. La cláusula obliga a la Ciudad a pagarlo, a diferencia de la fórmula firmada en 2016, que sólo hablaba de un “compromiso” de reabrir las negociaciones, que CABA incumplió. En su planteo para 2018, la Ciudad directamente no ha incluido esta garantía de una compensación automática para el caso de que el costo de la vida supere el acuerdo paritario.
Quedan sólo tres días para alcanzar un acuerdo antes del comienzo de las clases en Capital, lo que es decir que hay un conflicto en puertas. La UTE, junto a estatales, judiciales, y trabajadores del subte –todos con sueldos que dependen directa o indirectamente del Estado– preparan una protesta conjunta para el miércoles, que será, seguramente, la antesala de otras medidas.
En la provincia de Buenos Aires la paritaria quedó estancada con la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de plantarse en el 15 por ciento, sin cláusula gatillo. Las reuniones que se hicieron hasta ahora tuvieron poco de negociación: los funcionarios adelantaron que la provincia pagará un premio a los docentes que en 2017 no hicieron paro, y que dará una suma por presentismo a los que no paren ni falten a lo largo de este año. Más que negociación, las reuniones que se realizaron hasta ahora han sido el ámbito en el que la gobernación escenificó su voluntad de disciplinar a los docentes.
En el resto de las provincias, con Misiones como única salvedad, la situación marcha igual o está más complicada. Hay un grupo de gobernadores que ni siquiera han empezado la paritaria, porque convocaron a la primera reunión para hoy o mañana. En este paquete están, por ejemplo, Santa Fe y Neuquén.
En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales batió todos los récords y ofertó un 5 por ciento. Ya hubo dos encuentros paritarios, en los que los funcionarios mantuvieron el mismo porcentaje y “mejoraron” la propuesta agregándole una suma fija (que se pagaría por única vez y no pasaría a formar parte del sueldo) que va de 100 pesos –para un maestro que recién se inicia– a mil en el caso de un supervisor. Los docentes de nivel medio y superior de la provincias ya anunciaron un paro de 48 horas.
Mendoza es una de las contadas provincias donde podría haber un comienzo de las clases a término. La oferta fue del 15,7 por ciento en tres cuotas. Los docentes la rechazaron. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) adelantó que va a hacer una contrapropuesta consistente en sumar 7,6 puntos de recomposición salarial por lo perdido en 2017 y una cláusula de aumento automático, mes a mes, de acuerdo a la inflación. El gobernador Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos) advirtió que, si su propuesta es rechazada, la formalizará por decreto. El comienzo de las clases tiene poco que ver con la negociación: en Mendoza fue impuesto el ítem aula, un sistema de descuentos por inasistencias que redujo de facto y drásticamente el acatamiento a los paros.
Misiones es la única provincia que cerró su paritaria, aunque con un acuerdo a la baja. Los gremios de mayor peso –UDPM y Sidepp– aceptaron un 15,5 por ciento con una reducción en los aportes jubilatorios. Para financiar el aumento, se desfinanciará la caja jubilatoria. Sadop, AMET y UDA no firmaron.
La Ctera está preparando un relevamiento que dará a conocer mañana, una vez que los gobernadores que convocaron a la primera reunión esta semana hayan hecho conocer a los docentes sus propuestas salariales. En síntesis, a días del comienzo de las clases hay provincias que todavía no empezaron la paritaria; las que ya hicieron reuniones ofrecieron poco y en cuotas. Se manejan con el tope del 15 por ciento, por lo que con la única excepción de Misiones, en todos los casos fueron rechazadas.
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