Celsa Ramírez, es la misma fiscal que, días atrás ordenó reprimir a los trabajadores inmigrantes y detenerlos junto a varios dirigentes sociales, imputó con la insólita calificación de “asociación ilícita”, a siete trabajadores del subte, por el único hecho de estar afiliados al gremio.
“Al mostrar enemistad manifiesta y encono contra las organizaciones sindicales, violentando con sus planteos la normativa constitucional no sólo en torno a los principios de legalidad e inocencia sino también en lo que hace a las garantías propias del derecho colectivo del trabajo” dice el texto presentado en los tribunales.
La presentación fue hecha por la Comisión Directiva del AGTSyP y los legisladores porteños del Frente de Izquierda permaneciendo el resto de los trabajadores en las puertas ya que les impidieron el ingreso al tribunal.
La recusación deberá ser resuelta este jueves por el juez Roberto Tavosnaska, del Juzgado penal n° 17 de la Ciudad.
Fuente: IZD
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