sábado, 17 de diciembre de 2016

Un golpe a la memoria, verdad y justicia


El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a los dueños de Clarín y La Nación por el “desapoderamiento extorsivo” de la empresa Papel Prensa a la familia Graiver durante la última dictadura, que denunció en 2010 el entonces secretario de Derechos Humanos, el fallecido Eduardo Luis Duhalde. La decisión a favor de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre se produjo sin que los imputados prestaran declaración indagatoria, pedido que había formulado el fiscal Leonel Gómez Barbella. El juez consideró “desvirtuada” la hipótesis de la relación entre los delitos de lesa humanidad sufridos por familiares y allegados a Graiver y la venta de la principal productora de papel del país, y evaluó que las torturas que recibieron en centros clandestinos del Circuito Camps “habrían estado originadas por las deudas previas o por relaciones financieras entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros”, dato que resaltó la oficina de prensa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. El sobreseimiento alcanzó también a Raymundo Juan Pío Podestá, ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, y a Guillermo Juan Gainza Paz, intermediario de la operación.

El 12 de marzo de 2015 Ercolini rechazó el pedido de indagatorias a Magnetto, Mitre & Cía. que Gómez Barbella había formulado el día anterior. Antes lo habían pedido Duhalde y Lidia Papaleo, sobreviviente del circuito Camps y viuda de David Graiver, dueño de Papel Prensa hasta el 7 de agosto de 1976, cuando el avión que conducía estalló en el aire o chocó con un cerro en México. Para entonces la junta militar sabía desde hacía más de cuatro meses que el banquero administraba fondos de Montoneros. Fue la propia junta la que le propuso a los dueños de La Nación, Clarín y La Razón hacerse cargo de la empresa, según declaró el general José Villarreal, secretario del Ejército e íntimo colaborador de Videla, a la periodista Graciela Mochkovsky.

Gómez Barbella acusó a los imputados de “haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver y sus allegados” a vender las acciones y ubicó la “maniobra central” el 2 de noviembre de 1976, cuando el hermano del banquero, sus padres, su viuda, dos contadores y dos abogados del grupo fueron convocados por Mitre, Magnetto y Patricio Peralta Ramos (presidente de La Razón, fallecido) para firmar los convenios de transferencia. “Magnetto realizó su aporte más evidente” al “apartar a Lidia Papaleo en un sector de la habitación, desde el cual la obligó a firmar los documentos de cesión de las acciones en su poder bajo la amenaza de muerte contra ella y su hija”, recordó. La amenaza “se encontraba respaldada por los sucesos intimidatorios que la habían tenido por víctima en los meses anteriores y que Magnetto sólo podía conocer y usufructuar en virtud del acuerdo que lo unía con los funcionarios de la dictadura cívico militar”, afirmó. Destacó además que “Peralta Ramos le aseguró a Rafael Ianover” (contador de Graiver, también presente) que “nada le ocurriría ni a él ni a su familia en tanto firmara los documentos por los que se obligaba a ceder las acciones de Papel Prensa S.A. que ostentaba como testaferro de David Graiver”.

Ercolini evaluó entonces que no había elementos suficientes para ordenar las indagatorias y ordenó un peritaje de tasación de la empresa para probar o descartar la hipótesis de fue “vendida y adquirida a un precio vil o irrisorio”. El fiscal, al apelar, destacó que la pericia contable no era el eje de la acusación porque si la operación fue resultado de intimidaciones y amenazas “la extorsión se configura de todas maneras” y recordó que habían muerto cinco imputados desde el inicio de la causa, en la que se habían recibido sólo cinco testimoniales. Meses después el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, que históricamente se excusaba de en causas de lesa humanidad, hizo una excepción y desistió del recurso de apelación. La pericia a cargo de técnicos de la Corte consumió los últimos 21 meses de instrucción.

“No se ha probado que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa”, escribió Ercolini sobre ese punto al dictar los sobreseimientos. “Si se tiene en cuenta que las acciones de la empresa fueron vendidas a un total de U$S 8.300.000 no se advierte que el precio haya sido inferior a la inversión realizada para la compra de aquella empresa, máxime si se contempla el apremio económico que convocaba a la familia Graiver y la urgencia que tenían en deshacerse de las empresas que conformaban el Grupo, en miras a poder –con su producido– cancelar las deudas contraídas por David Graiver”, evaluó.

El juez tampoco consideró probado el vínculo entre los empresarios compradores y la serie de “coacciones, intimidaciones y amenazas” que recibieron hasta ese momento, que atribuyó a “deudas previas o por relaciones entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros”. Sobre las amenazas de Magnetto, le restó valor a la declaración de Lidia Papaleo al considerar que “sus dichos no fueron corroborados” por el resto de los testigos que participaron de aquella reunión en la sede de La Nación, quienes describieron “un clima cordial y relajado”.

A partir de las pruebas reunidas entendió que “no habría existido en el proceso de negociaciones previas y de compra” de las acciones de Papel Prensa “maniobra alguna que pueda considerarse irregular”. Descartó “conexión o vinculación” de los empresarios “con hechos delictivos previos sufridos por familiares de David Graiver” y consideró que la venta estuvo motivada por “el descalabro financiero y de liquidez” en que había entrado el grupo y “la necesidad de vender activos”. “Cuando los integrantes del Grupo Graiver decidieron vender sus acciones, los tres diarios vieron la posibilidad de materializar la compra”, afirmó. En las 138 fojas de su resolución, Ercolini no menciona una sola vez la afirmación del general Villarreal sobre la necesidad de “buscar una solución rápida al tema Papel Prensa” y su tarea como mediador ante Mitre, Magnetto y Peralta Ramos, que “primero hablaban conmigo y recién al final hablaron con el presidente”.

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